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Economía

Aumento del diésel pone en jaque a la construcción en Bolivia

Por Percy Mercado · 18 de August de 2026

Las cámaras de la construcción en Santa Cruz y La Paz han emitido alertas sobre el impacto del nuevo precio del diésel, que afecta no solo los costos de las obras, sino también el equilibrio financiero de contratos ya firmados. Este nuevo precio representa un incremento cercano al 100%, lo que podría desencadenar retrasos y paralizaciones en las obras en curso.

La situación se complica para las constructoras, ya que deben enfrentarse a la pregunta de quién asumirá el sobrecosto de las obras que se contrató bajo condiciones de precios de combustible diferentes. El diésel es esencial para las operaciones, incluyendo el funcionamiento de maquinaria pesada y el transporte de materiales.

Ruptura de condiciones contractuales

Las entidades constructoras argumentan que las obras públicas no pueden seguir ejecutándose bajo los mismos precios si uno de sus principales insumos ha visto casi duplicado su costo. La Cámara de la Construcción de Santa Cruz ha afirmado que el nuevo precio del combustible genera un desequilibrio que podría conducir a incumplimientos contractuales, los cuales no serían atribuibles a las empresas.

Además, la situación se agrava debido a las dificultades para implementar los mecanismos de reajuste de precios que el Gobierno había establecido previamente. Las constructoras argumentan que cualquier reducción en la subvención del diésel no debería transformarse en un costo adicional para los contratos vigentes.

  • Absorber el sobrecosto
  • Reducir la velocidad de ejecución
  • Detener las obras

Las cámaras constructivas han advertido que si no se logra un reconocimiento formal del incremento del precio del diésel en los mecanismos de reajuste, el impacto en el sector podría ser devastador, con riesgos de parálisis de obras y afectaciones en el empleo de miles de trabajadores.

Por último, las cámaras han demandado la formación de una mesa de trabajo que incluya la participación del Gobierno y de las entidades contratantes, para que se evalúe el impacto del nuevo precio del combustible y se definan soluciones que eviten el colapso del sector.

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