Gobierno evalúa recortes en subsidios estatales bajo acuerdo con el FMI

El Gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, ha iniciado un análisis para recortar diversas subvenciones estatales. Esta revisión se da en el contexto de un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ya contempla la eliminación del subsidio a los combustibles.

Los posibles ajustes no solo afectarían el precio de la gasolina y el diésel, sino que también podrían extenderse al sector energético, lo que repercutiría directamente en los costes para los hogares y las empresas.

El convenio con el FMI establece una reducción progresiva de las subvenciones y del gasto público, como parte de un ajuste fiscal necesario para abordar el déficit del sector público, considerado uno de los principales problemas de la economía del país.

Medidas a implementar en los próximos años.

El programa sugiere un ajuste fiscal que equivaldría a aproximadamente el 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. En este sentido, se contempla que, aunque en 2026 se mantendrán los precios internos de los combustibles, a partir de enero de 2027 se comenzará a modificar la política de precios, eliminando los recursos destinados a subvencionar los combustibles en el presupuesto del Estado.

El acuerdo también incluye la eliminación gradual de los controles de precios en productos básicos como alimentos y energía, así como una racionalización de la inversión pública y la reestructuración de empresas estatales que no sean financieramente viables.

La administración asegura que estas acciones son parte de un programa de estabilización de 36 meses para las finanzas públicas y que el acuerdo con el FMI contempla un financiamiento de cerca de 1.900 millones de dólares, además de la posibilidad de obtener más fondos de organismos como el BID y la CAF.

Sin embargo, existe preocupación sobre cómo afectarán estas decisiones a la población, ya que la reducción de subsidios podría trasladar mayores costos de energía y otros servicios a los consumidores y empresas, lo que generaría un nuevo desafío económico para los bolivianos.