El Gobierno evalúa la reestructuración de empresas estatales en Bolivia

Ante la necesidad de mejorar la sostenibilidad del aparato empresarial estatal, el Gobierno boliviano, dirigido por Rodrigo Paz, ha iniciado una revisión que podría culminar en el cierre o transformación de varias empresas públicas. Esta evaluación está siendo liderada por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que se realizarán diagnósticos técnicos en las entidades estatales para determinar cuáles pueden seguir operando y cuáles serían una carga para las finanzas del Estado. Este proceso se enmarca en el Plan General de Economía (PGE) Reformulado 2026, que facilita la reorganización y liquidación de las empresas del sector público.

La OFEP ha identificado que 15 empresas están en quiebra técnica, acumulando pérdidas que superan los Bs 3.637 millones. Entre las compañías en crisis se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).

Además, el PGE Reformulado contempla una reducción significativa de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a estas empresas, como parte del objetivo del Gobierno de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, Espinoza enfatizó que el propósito no es simplemente cerrar las empresas, sino evaluar la opción más viable: si deben ser mantenidas, reestructuradas, transferidas, asociadas con el sector privado o liquidadas.

Entre los casos que se están analizando se encuentra una empresa estatal en El Alto que se dedica a la producción de papas fritas, la cual podría enfrentar un cierre, una transferencia a otro nivel de gobierno o un modelo de asociación público-privada, dependiendo de los resultados de la evaluación que se lleve a cabo.

Con esta reestructuración, el Gobierno busca disminuir la carga que representa una estructura empresarial estatal que, a lo largo de los años, ha demandado recursos públicos significativos. Ahora, las empresas deberán demostrar su capacidad de operar sin convertirse en un peso para el Estado.