Gobierno boliviano y OEA abordan conflictos sociales y derechos humanos

El gobierno de Bolivia se reunió con la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir los 53 días de conflictos sociales que afectaron al país entre mayo y junio. Este encuentro tiene como objetivo desarrollar estrategias preventivas y contribuir a la reinstitucionalización de la Policía Boliviana, y se extenderá hasta el viernes.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó la importancia de trabajar junto a organismos policiales de otros países para asegurar la protección de los derechos humanos durante manifestaciones futuras, afirmando que es fundamental permitir el derecho a protestar sin afectar los derechos del resto de la población, como el libre tránsito y el acceso a servicios básicos.

"Esperemos que los próximos conflictos, si es que se presentan, se desarrollen bajo los principios de respeto a los derechos humanos, permitiendo la protesta sin perjudicar a otros".

Oviedo recordó los graves impactos de las protestas pasadas, mencionando que algunas ciudades quedaron sin oxígeno, alimentos y atención médica, y destacó que muchas muertes documentadas en el informe de la OEA ocurrieron en las carreteras.

Incremento en cultivos de coca y narcotráfico

En el análisis de seguridad presentado a la OEA, el ministro admitió un aumento en los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, lo cual contradice los avances logrados en la lucha contra el narcotráfico. A pesar de esta situación, resaltó los logros del nuevo mando policial al haber incautado más de 80 avionetas dedicadas al tráfico de drogas.

También informó sobre la desarticulación de laboratorios de drogas y la identificación de redes criminales que involucran a extranjeros armados, lo que representa un desafío adicional para las fuerzas de seguridad del país.

Investigaciones sobre explosión en Viacha

Respecto a la explosión en el cuartel Simón Bolívar en Viacha, Oviedo explicó que las investigaciones se llevan a cabo a través de canales oficiales para evitar desinformación. El comandante del Ejército, general Héctor Alejandro Alarcón, es el encargado de informar sobre el avance de las indagatorias, mientras que el Ministerio Público también está realizando las diligencias pertinentes.