Investigan presunta red de extorsión en la UIF

El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció que una denuncia por presuntos actos de extorsión dentro de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha sido admitida por la Fiscalía, lo que ha dado inicio a una investigación formal. Esta información fue compartida durante una entrevista en el programa Al Día Tu Día.

García detalló que la UIF debería enfocarse en el análisis financiero y la prevención de delitos económicos. Sin embargo, se alega que en gestiones anteriores, su función fue desviada hacia intereses políticos y económicos, lo que ha generado esta denuncia.

Denuncias y mecanismos de extorsión identificados

Se identificaron 65 solicitudes de información que el Viceministerio de Transparencia había realizado a la UIF y que, según García, no fueron respondidas. A partir de esta situación, se presentó una denuncia ante la Fiscalía que ahora investiga posibles irregularidades.

Durante su intervención, el viceministro explicó que las posibles irregularidades podrían incluir presiones económicas sobre personas que se encontraban bajo investigaciones financieras. Se menciona que los métodos utilizados podrían haber abarcado desde la retención de informes hasta la manipulación de datos.

El proceso de investigación busca identificar a los afectados, así como a los funcionarios involucrados y los periodos en que ocurrieron estos supuestos hechos. Hasta el momento, no se tiene un cálculo exacto de los montos de dinero que habrían sido exigidos.

Recopilación de denuncias anónimas

García también anunció una nueva campaña para que comerciantes, empresarios y emprendedores que se sientan víctimas de extorsiones puedan presentar sus denuncias de manera anónima. Este mecanismo busca facilitar que las personas aporten información sin temor a represalias.

En el transcurso de la entrevista, se abordó también el tema de las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema judicial. Según información del viceministro, en el departamento del Beni, 65 denuncias no habrían resultado en sanciones, y en Santa Cruz, 21 denuncias penales habrían sido desestimadas.

El caso se encuentra en una fase de investigación, en la que se espera reunir suficientes elementos para determinar si realmente existió una red de cobros irregulares y qué responsabilidades podrían derivarse de las acciones denunciadas.