Intervención temporal de YPFB por 180 días para mejorar su gestión

El Gobierno de Bolivia ha determinado una intervención temporal de YPFB, que se extenderá por un máximo de 180 días, debido a las deficiencias detectadas en sus operaciones. Esta acción tiene como finalidad fortalecer la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.

La intervención está regulada por el Decreto Supremo 5697, el cual fue aprobado el 1 de septiembre. Este decreto también establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria para supervisar la gestión de la empresa estatal durante el tiempo que dure la intervención.

Cabe destacar que el plazo de intervención puede extenderse una vez más por un periodo adicional de hasta 90 días, si las circunstancias que justificaron la intervención continúan. Asimismo, si se logran resolver las deficiencias antes de los 180 días, la intervención podría finalizar anticipadamente.

El decreto justifica esta intervención por las "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", que representan un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país.

Composición de la Comisión de Intervención

La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará conformada por los ministros o representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal estará en la comercialización y logística de combustibles.

Entre las responsabilidades de esta comisión se incluye la recomendación de auditorías técnicas en la cadena logística para detectar irregularidades como contrabando, desvío y acopio indebido, así como la identificación de los responsables de dichas prácticas.

La comisión tendrá la capacidad de revisar todos los procesos relacionados con la importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles y formular las recomendaciones necesarias para corregir las deficiencias encontradas.

Además, la norma establece que el presidente y el personal de YPFB deberán proporcionar la información que la comisión requiera, cumpliendo con los plazos estipulados, de lo contrario podrían enfrentar responsabilidades tanto administrativas como penales.

Finalmente, se aclara que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General, ya que todos los gastos serán cubiertos por los presupuestos de las instituciones que forman parte de la comisión.