Cañeros y mineros de Bolivia exigen la derogación del decreto sobre el diésel

Una movilización de productores cañeros tuvo lugar ayer en Santa Cruz, en las cercanías de las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5676. Bajo el liderazgo de Óscar Alberto Peña, los cañeros realizaron una protesta simbólica dejando ‘chala’ en la entrada de la estatal, argumentando que el decreto establece una diferenciación de precios para el diésel que discrimina a su sector y aumentará los costos de producción.

Los cañeros solicitaron la derogación del decreto y pidieron al Gobierno que trabaje en conjunto con ellos para crear una norma que beneficie a los productores. Peña destacó que un aumento previo en el costo del diésel había afectado gravemente la producción, la cual se redujo a un 50% de lo esperado, y advirtió que la nueva medida podría intensificar la crisis y encarecer aún más los precios en los mercados.

Además, se anunció que se llevará a cabo una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se debatirán nuevas estrategias de presión contra el decreto y se buscarán alternativas que aseguren la continuidad en la producción cañera.

Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también manifestó su oposición al Decreto Supremo 5676 y reclamó su derogación. Su presidente, Josué Caricari, declaró que es responsabilidad del Gobierno ofrecer soluciones y no de los sectores afectados presentar alternativas ante un decreto considerado injusto.

El mencionado decreto fue promulgado en un contexto de desabastecimiento de combustibles, donde los sectores productivos han expresado su descontento por la escasez de diésel. La normativa establece un precio inicial de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores, mientras que los demás consumidores deberán seguir pagando Bs 9,80, establecido en un decreto anterior. La metodología para el cálculo del nuevo precio debe ser aprobada por el Ministerio de Hidrocarburos.

Fencomin también criticó la forma en que se implementan estas decisiones a través de decretos, afirmando que el aumento en el precio del diésel tendrá repercusiones negativas en el sector productivo, así como en los trabajadores y las familias. La organización ha declarado su estado de emergencia y reiterado su demanda para anular el Decreto Supremo 5676.