Preocupaciones sobre la Ley de Inversiones y su impacto en la regulación estatal

El economista Martín Moreira, integrante de la Red Boliviana de Economía Política, ha puesto en tela de juicio el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, los mecanismos propuestos para garantizar estabilidad jurídica, incentivos fiscales y arbitraje internacional podrían tener consecuencias adversas para la regulación estatal.

Moreira reconoció la importancia de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras para impulsar el crecimiento económico, crear empleos, incorporar nuevas tecnologías y hacer frente a la escasez de divisas que enfrenta el país. Sin embargo, subrayó que estas inversiones deben ir acompañadas de compromisos claros que aseguren que una parte significativa de los beneficios permanezca en Bolivia.

El proyecto de ley, que consta de 103 artículos, podría otorgar garantías amplias a los inversionistas antes de definir nuevas normativas para sectores clave como la minería, los hidrocarburos, el litio, los recursos evaporíticos y el sector energético. Moreira destacó que este enfoque podría limitar la capacidad del Estado para negociar en áreas consideradas estratégicas para el país.

Además, el economista manifestó su preocupación por la estabilidad jurídica a largo plazo y las cláusulas de arbitraje internacional, argumentando que las protecciones ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la facultad del Estado para modificar políticas tributarias, ambientales o regulatorias en respuesta a nuevas realidades y necesidades.

En relación a los incentivos fiscales contemplados en el proyecto, Moreira sugirió la necesidad de analizar el impacto en la recaudación estatal y los beneficios tangibles que se obtendrían a cambio, tales como la creación de empleo, la transferencia de tecnología, el aumento de exportaciones y el desarrollo productivo.

Por último, el economista enfatizó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en fomentar proyectos que no solo generen empleo formal y tecnología, sino que también promuevan el uso de proveedores nacionales y añadan valor a los recursos del país, asegurando la protección de los recursos naturales y evitando que la atracción de capital resulte en una rápida transferencia de activos públicos.