Uruguay evalúa limitar financiamiento estatal para viajes de legisladores

En Uruguay se reabre el debate sobre la utilización de fondos públicos para los viajes al exterior de los legisladores, tras la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir el financiamiento estatal para estos desplazamientos.

La iniciativa fue impulsada por Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, quien manifestó que ha habido un incremento "excesivo y creciente" en el uso de recursos estatales para viajes oficiales. La propuesta busca regular las ausencias de los legisladores y funcionarios del Poder Legislativo cuando su participación en actividades internacionales implique gastos que sean cubiertos por el presupuesto del Parlamento.

El proyecto sugiere que los legisladores participen de eventos internacionales a través de videoconferencias u otros métodos de participación remota, con el propósito de disminuir los gastos y maximizar el uso de herramientas digitales que permitan mantener la presencia parlamentaria sin necesidad de desplazamientos al exterior.

No obstante, la propuesta incluye una excepción para que los viajes sean autorizados si el legislador puede justificar que su presencia física es imprescindible para participar en una actividad específica. En tales casos, se requeriría la aprobación de la cámara correspondiente, ya sea de Senadores o Representantes.

Bordaberry fundamenta su propuesta en la cantidad de viajes realizados por la Cámara de Senadores entre el 15 de febrero de 2025 y junio de 2026, que sumaron un total de 73 viajes, con un costo de 234.464 dólares. Para el senador, estos datos evidencian la urgencia de establecer límites al uso de fondos públicos para desplazamientos internacionales.

Este debate se da en un contexto donde el Gobierno de Yamandú Orsi también impulsa medidas para restringir y racionalizar los viajes al exterior de altos funcionarios dentro de su proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente en discusión en el Parlamento. Según Bordaberry, la iniciativa del Ejecutivo refuerza la necesidad de que el Poder Legislativo aplique los mismos criterios de austeridad exigidos al Gobierno.