Urgente reclamo indígena en Pando por contaminación en el río Madre de Dios

Las comunidades indígenas del departamento de Pando han emitido un ultimátum a las cooperativas mineras para que retiren sus dragas del río Madre de Dios, fijando un plazo hasta el 30 de septiembre de 2026. Este llamado se produce ante la falta de respuesta del Gobierno y la inacción judicial en relación a una demanda presentada en julio de 2025 sobre la contaminación que está afectando su entorno y salud.

La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) y el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) interpusieron una acción ambiental preventiva en el Juzgado Agroambiental del Sena, con el objetivo de frenar la minería ilegal que opera en 184 kilómetros del río.

Carlos Fernández Tuno, líder de Cipoap, expresó su preocupación sobre la situación e indicó que, de no haber acciones efectivas, podrían surgir conflictos. "Estamos pidiendo que dejen de dañar nuestros ríos. La responsabilidad recae en el Estado", añadió.

Un informe del Tribunal Agroambiental confirmó daños severos en la zona, mencionando pérdidas de 8.484 hectáreas de bosque y alteraciones en el cauce del río. A su vez, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) reportó que operan 203 dragas, pero solo 23 tienen permisos temporales.

Investigaciones realizadas por la UMSA, la Universidad de Cartagena y el Cedib revelaron que en la cuenca del Madre de Dios se registran niveles de mercurio en cabello que superan el límite recomendado por la OMS, alcanzando hasta 114 ppm en la comunidad de El Tigre.

Ruth Alipaz, de Contiocap, advirtió sobre el riesgo del síndrome de Minamata en las comunidades afectadas por la minería del oro. "Es un delito que está dañando a nuestros pueblos, exigimos que el Estado actúe de inmediato", afirmó.

Por otro lado, el sector minero defiende la legalidad de sus actividades. Percy Cárdenas, vicepresidente de Asobal, argumentó que están regulados desde 2008 y proporcionan empleo a la población local, atribuyendo la contaminación a la minería ilegal proveniente de Perú.

La senadora Carolina Giese subrayó que una gran parte de la minería en el TIM II opera sin autorización y ha estado en contacto con ministros para implementar operativos de control que aborden la grave situación de contaminación que afecta a las comunidades indígenas.

Lucio Ayala Siripi, del TIM II, resaltó la importancia del río para la vida diaria de las comunidades, ya que no solo provee alimento, sino que también es esencial para la conexión entre pueblos y el riego de cultivos.