Petición de Reglamentación Diferencial en la Pausa Ambiental de la Amazonía
Por Susana Becerra · 11 de September de 2026

La pausa ambiental en la Amazonía boliviana ha generado un nuevo conflicto entre los productores de Beni y Pando. Estas regiones han solicitado que la normativa sea adaptada a sus especificidades, dado que las características productivas y territoriales varían significativamente entre ambos departamentos.
Roger Quesada, presidente de la Asociación Agroindustrial de Productores de Pando, indicó que es esencial crear una directriz más específica, argumentando que "no es lo mismo lo del Beni que lo de la Amazonía o que en Pando". Criticó la implementación uniforme de las sanciones relacionadas con las prácticas de quema.
Quesada también sugirió fomentar la mecanización agrícola, especialmente para los pequeños productores, como una alternativa viable a la quema. Resaltó que la utilización de tractores con rastra puede ayudar a incorporar el material vegetal al suelo, transformándolo en abono y evitando así el uso del fuego en la preparación de tierras. Compartió una experiencia positiva en la que cultivó seis hectáreas sin recurrir a la quema.
Desde Beni, Roberto Paz, quien representa a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), subrayó que la realidad en su departamento es diferente debido al predominio de la actividad ganadera y al manejo de pasturas. Describió que muchos productores optan por quemas programadas, implementando medidas preventivas como raspados y callejones para controlar el avance del fuego hacia áreas forestales.
Paz alertó sobre los riesgos de mantener la pausa ambiental sin implementar mecanismos de gestión adecuados, advirtiendo que esto podría llevar a una acumulación peligrosa de material vegetal seco. Mencionó que, si esta situación persiste por dos o tres años, la acumulación podría compararse a una "cisterna de combustible al aire libre".
La pausa ambiental fue instaurada inicialmente para detener las autorizaciones de quema y mitigar los efectos de los incendios forestales. El Decreto Supremo 5225 prohíbe nuevas autorizaciones de quema y suspende las ya emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
El debate actual se centra en cómo proteger adecuadamente la Amazonía sin aplicar un marco normativo uniforme que ignore las diferencias productivas de cada territorio. Los productores abogan por un control ambiental efectivo, pero también por opciones que les permitan seguir produciendo sin que la prohibición afecte negativamente su economía rural.
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