Peligra la alimentación en 54 centros de acogida y hospitales de Bolivia

La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe que indica un riesgo inmediato para el derecho a la alimentación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad en centros de acogida y hospitales del país. Las verificaciones se realizaron en 54 establecimientos distribuidos en las nueve capitales departamentales y en El Alto.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó la gravedad de la situación al afirmar: "Queremos alertar sobre un riesgo inminente en el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Realizamos 54 verificaciones a nivel nacional y el resultado es definitivamente muy preocupante".

El relevamiento identificó que los centros de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), así como los hogares para Personas Adultas Mayores (PAM) y hospitales públicos enfrentan una crítica situación financiera. Esto es principalmente atribuido al aumento de precios en el mercado, que se ha intensificado tras la eliminación de la subvención al diésel.

• 67% de los centros de NNA reportan aumento en el costo de alimentos.
• 60% de los hogares de PAM también han visto incrementos en los precios.
• 56% de los centros de NNA considera insuficientes los recursos para alimentación.
• 73% de los hogares de PAM indican que los recursos asignados no son adecuados para cubrir las necesidades nutricionales.

El análisis también revela dificultades en el abastecimiento de alimentos. En los centros de NNA, un 17% ha dejado de contar con suficientes reservas de productos frescos como carne y verduras, mientras que un 22% enfrenta un desabastecimiento parcial. En los hogares de PAM, un 20% ha reportado escasez de productos secos y un 27% de alimentos frescos.

Para manejar esta crisis, muchos establecimientos han implementado medidas de emergencia que afectan otros aspectos de la atención, como solicitar donaciones (40%), optar por alimentos más económicos (33%) y reducir los recursos destinados a transporte, educación, pañales y medicamentos psiquiátricos.

Además, el 52% de los 21 hospitales que fueron visitados registraron limitaciones presupuestarias que impiden garantizar una alimentación adecuada y nutritiva para sus pacientes.

Ante este alarmante panorama, el Defensor del Pueblo ha solicitado de manera urgente a las autoridades del Estado central, al Ministerio de Salud y Deportes, así como a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, y a los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges), que tomen medidas correctivas de manera inmediata.