Nuevas Revelaciones sobre el Rol de Cerimedo en el Gobierno Boliviano

El gobierno de Rodrigo Paz ha aclarado que Fernando Cerimedo no ocupaba formalmente un puesto en la administración pública, sin embargo, esta afirmación ha generado nuevas dudas debido a ciertos documentos que lo vinculan directamente con el aparato estatal. En particular, se ha encontrado una tarjeta donde Cerimedo es identificado como 'Asesor Principal del Presidente', así como evidencia de un correo electrónico institucional que utilizó para comunicarse.

El cuestionamiento no se limita a la mención de su título en la tarjeta, sino que plantea interrogantes sobre quién autorizó y facilitó a Cerimedo el acceso a los recursos institucionales del Estado. Aunque tener un correo institucional no implica necesariamente un nombramiento oficial, sí suscita preguntas sobre las condiciones que permitieron a una persona externa utilizar infraestructura y servicios de una institución pública.

La normativa boliviana establece restricciones claras para el uso de recursos públicos. En este sentido, el Código Penal, a través del artículo 163, tipifica como delito la usurpación de funciones cuando alguien desempeña tareas públicas sin la debida designación o título. Esto plantea la posibilidad de que, si se demuestra que Cerimedo actuó como funcionario sin haber sido nombrado para tal fin, se deba investigar si su conducta tiene implicaciones penales.

Adicionalmente, surge la cuestión sobre los funcionarios que habrían permitido el acceso de Cerimedo a herramientas y servicios estatales. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tipifica como delito la utilización indebida de bienes y servicios públicos, así como el incumplimiento de deberes por parte de servidores públicos. Esto lleva a la crucial pregunta sobre quién dentro del Estado facilitó el acceso de Cerimedo a recursos institucionales y bajo qué justificación legal.