Nueva normativa establece que el Gobierno asuma pagos de prediarios y bono de vacunación para reos

La Cámara de Senadores ha dado luz verde a una ley que modifica la forma en que se financian los prediarios de los internos y el bono de vacunación. A partir de ahora, será el Gobierno central el encargado de estos pagos, lo que implica que las gobernaciones ya no tendrán que asumir estos gastos.

Este cambio se formaliza a través de la Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, que prohíbe la realización de débitos automáticos y la transferencia de recursos para estas obligaciones. Además, la norma establece que la financiación de los diplomas de bachiller también será responsabilidad del nivel central.

Esta decisión responde a una reiterada solicitud de las gobernaciones, que habían manifestado su preocupación por la carga financiera que representaba para ellas el pago de estas obligaciones sin un respaldo adecuado. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, había planteado la necesidad de que los ministerios de Gobierno, Salud y Educación se hagan cargo de estas responsabilidades.

Desde la promulgación de la Ley 3302 en 2005, las gobernaciones habían asumido el compromiso de financiar los prediarios, el bono de vacunación, así como becas universitarias y otros proyectos relacionados con riego y electrificación. La nueva ley ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su respectiva revisión y aprobación.

El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que esta modificación devuelve las competencias y los recursos al nivel central, rectificando una situación que consideró injusta para las autonomías.

La ley también especifica que el financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de recursos del Tesoro General de la Nación, afectando las partidas del presupuesto institucional de las entidades competentes, incluyendo: el costo de los prediarios, los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario, el bono de vacunación y beneficios económicos del sector salud, así como el mantenimiento de infraestructuras deportivas a nivel nacional.

Las gobernaciones habían alertado sobre un déficit en la financiación de estas obligaciones, derivado de la disminución de la producción y exportación de gas. Además, la nueva norma estipula que la participación financiera de los gobiernos departamentales en programas de riego y electrificación deberá definirse a través de convenios intergubernativos, asegurando claridad en los aportes y responsabilidades.