Legisladores exigen el cierre de empresas estatales con déficit

Un grupo de legisladores bolivianos ha reafirmado su solicitud para cerrar aquellas empresas estatales que operan con déficit, en el contexto del reciente Decreto Supremo 5727, el cual promueve la reorganización o liquidación de las empresas públicas del país. Estos representantes argumentan que muchas de estas entidades fueron creadas únicamente para el beneficio de militantes del gobierno anterior, en lugar de cumplir un rol productivo para el Estado.

El diputado Alejandro Reyes ha señalado que es imperativo tomar decisiones respecto a las empresas que deben ser cerradas, citando como ejemplos a la empresa de papas fritas y a Quipus, las cuales no han demostrado eficacia ni rentabilidad. Reyes ha manifestado que el tiempo expira y cada día que estas empresas continúan operando implica un mayor gasto.

El legislador enfatizó que el propósito de estas empresas era crear puestos de trabajo para afiliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin que realmente compitieran en el mercado ni generaran ingresos para el Estado, calificando esta situación como un simple intercambio político.

Edgar Zegarra, otro diputado, coincidió en que la mayoría de estas entidades han estado al servicio de negociados en lugar de ofrecer beneficios concretos para la población, sugiriendo que su cierre es necesario para detener el desfalco a la economía boliviana.

La diputada Julieta Jiménez, también parte del debate, agregó que el cierre de estas empresas debería haberse concretado antes, pues su funcionamiento solo contribuye al desangre de los recursos del país. Aun así, destacó la importancia de empresas como Mi Teleférico y Boliviana de Aviación (BoA), que requieren apoyo financiero para continuar operando.

El Decreto Supremo 5727, que entró en vigencia la noche del 25 de septiembre, establece como prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas a nivel central. Este decreto representa un avance significativo en la reestructuración del sector estatal de Bolivia.