Investigación sobre 'gasolina basura' involucra a exfuncionarios de dos administraciones

El diputado Carlos Alarcón, quien forma parte de la comisión especial que investiga el caso de la denominada 'gasolina basura', ha revelado que el informe de esta instancia señala posibles responsabilidades en autoridades de las administraciones de Luis Arce y del actual gobierno.

Este documento será evaluado en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá cómo continuará la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos relacionados con su provisión.

Alarcón destacó que el informe menciona al expresidente Luis Arce Catacora, así como a exministros como Mauricio Medinaceli y Gallardo, y a expresidentes de YPFB, entre ellos Wilson Dorgathen. “Está claro que hay responsabilidad de ambas gestiones”, aseveró el legislador, quien también advirtió que cualquier modificación a las conclusiones del informe debe ser justificada adecuadamente.

Uno de los puntos críticos del informe se refiere al contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen, que fue modificado en reiteradas ocasiones. Según Alarcón, este contrato fue ampliado por la actual administración mediante una quinta enmienda el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se decidió eliminar la subvención a los combustibles.

El diputado cuestionó por qué se optó por extender el contrato en vez de buscar nuevos proveedores de combustible en un contexto de cambio de precios. “Ese contrato se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, permitiendo la provisión del combustible que se asocia al escándalo de 'gasolina basura'”, subrayó.

La investigación adquiere un peso significativo pues implica a la principal empresa estatal de hidrocarburos, relacionada con el suministro de combustibles, un factor crucial para la economía del país. Las afirmaciones de Alarcón sugieren que las responsabilidades deben ser atribuidas a ambos gobiernos, dado que el contrato en cuestión se originó bajo la administración de Arce, pero fue modificado luego por la actual gestión.

Alarcón también criticó el retraso en el tratamiento del informe, que permaneció casi un mes sin ser considerado tras su entrega a la Presidencia de la Cámara Baja. “Si la presidenta de la comisión lo dejó pasar un mes, es evidente que se quiere minimizar el tema”, declaró.

La discusión sobre este informe ahora pasará al pleno de Diputados, que evaluará si se deben establecer responsabilidades políticas o administrativas, o si se requieren otras acciones en el marco de esta investigación. Este caso no solo es un enfrentamiento político, sino que también reabre el debate sobre la gestión de los contratos de importación y provisión de combustibles, en un momento crucial para el transporte y la economía de los bolivianos.