Intensifican el debate sobre la reforma a la Constitución en Bolivia

El debate referente a la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) se está fortaleciendo en la Asamblea Legislativa de Bolivia, en el contexto de un nuevo proyecto de Ley de Inversiones impulsado por el Gobierno de Rodrigo Paz. Las propuestas buscan realizar cambios significativos en la Constitución de 2009 para mejorar el clima de inversión en el país.

Iniciativas legislativas en curso

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, ha presentado un proyecto que propone "desconstitucionalizar" 30 artículos, así como prohibir las nacionalizaciones y restablecer el arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y los inversores. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, líder del partido Libre, también ha anunciado un proyecto enfocado en la crisis energética, buscando generar un entorno de seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras.

Desde la aprobación de la Ley de Inversiones en 2014 durante el gobierno de Evo Morales, las discusiones se han centrado en la posibilidad de modificar el modelo económico vigente. El presidente Paz ha optado inicialmente por presentar una Ley de Inversiones sin cambiar la Constitución, aunque este enfoque ha suscitado críticas sobre su efectividad.

La propuesta de Alarcón incluye la creación de un nuevo artículo 412 que permitiría regular mediante leyes especiales los artículos desconstitucionalizados, evitando la necesidad de referendos. En el ámbito judicial, esto podría abrir la puerta a un cambio en la elección de magistrados hacia un sistema de "designación meritocrática".

Además, se sugiere un artículo 413 que prohibiría la expropiación de inversiones tanto nacionales como extranjeras y habilitaría el uso de arbitraje en caso de controversias, lo que según Alarcón, sería una garantía fundamental para los inversionistas.

El presidente Paz también está desarrollando propuestas para el sector de hidrocarburos, minería y energía verde, aunque se enfrenta al desafío de lograr consenso en el Legislativo para que estas reformas sean viables, equilibrando la apertura económica con la protección de los derechos sociales consagrados en la Constitución actual.