Gobernadores de Bolivia establecen 10 puntos clave para la autonomía fiscal

Los gobernadores de los departamentos bolivianos han dado a conocer una agenda compuesta por diez puntos fundamentales, dirigida a mejorar la autonomía económica y fiscal de sus regiones. Este pronunciamiento fue realizado durante una reunión celebrada el 24 de septiembre en Santa Cruz, donde se fijó un ultimátum hasta el 31 de octubre de 2026 para que el Estado cumpla con sus demandas.

Este acuerdo se enmarca en el contexto de la crisis financiera grave que afecta a los gobiernos regionales. Durante un encuentro previo en agosto, se acordó el Acuerdo N° 001/2026, conocido como "Agenda 50/50", que busca establecer un sistema equitativo en la distribución de los ingresos fiscales entre el gobierno central y las autoridades subnacionales.

Entre las propuestas más relevantes se incluyen modificaciones a la Ley 154, la creación de una "Ley del 50/50", y la exención de las gobernaciones del financiamiento necesario para la emisión de títulos de bachiller. Además, se solicita un trato que iguale a las municipalidades en lo que respecta al suministro de carburantes.

Los gobernadores advierten que la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional podría profundizar la crisis financiera en los departamentos, afectando servicios básicos como la salud y las infraestructuras viales, lo que podría derivar en tensiones políticas.

Los diez puntos acordados son:

1. 1. Transferir a las gobernaciones el 15 % de la coparticipación tributaria para implementar la distribución fiscal 50/50.
2. 2. Priorizar el tratamiento de las leyes de modificación a la Ley 154 de Impuestos y la Ley del 50/50.
3. 3. Activar el cronograma de la Agenda 50/50 y el Programa de Readecuación Financiera Territorial.
4. 4. Agilizar el desembolso del fideicomiso Fagobol (DS 5363).
5. 5. Eximir a las gobernaciones del financiamiento de la emisión de títulos de bachiller.
6. 6. Aprobar una transferencia extraordinaria por el sobrecosto del diésel y asegurar su provisión.
7. 7. Declarar estado de alerta, con el 31 de octubre de 2026 como plazo límite para el cumplimiento de las demandas.
8. 8. Abrogar la Ley 767 y devolver el 12% del IDH acumulado durante 2027 a las entidades territoriales.
9. 9. Promulgar la Ley de Retorno Económico para que el Tesoro asuma ciertos pagos.
10. 10. Detener los débitos automáticos en curso y reponer fondos para prediarios y vacunación.

Uno de los aspectos críticos discutidos fue el impacto del aumento de precios en el mercado de combustibles, que ha generado un fuerte desajuste en los presupuestos departamentales. Los gobernadores solicitan la incorporación del costo real del combustible en el presupuesto del Estado para 2027 y el apoyo financiero para mitigar el efecto de este aumento en sus economías locales.

Finalmente, los gobernadores han hecho un llamado al Ejecutivo para que se agilicen los trámites necesarios para desembolsar los recursos del Fideicomiso de Apoyo Financiero, según lo estipulado en el Decreto Supremo 5363, y para garantizar un trato justo en el suministro de carburantes, similar al de las municipalidades.