Estudio critica las medidas económicas del Gobierno y señala un bajo impacto en los sectores vulnerables

Un análisis publicado tras la decisión del Gobierno de suspender la subvención al diésel pone en duda la efectividad de las medidas económicas implementadas por el presidente Rodrigo Paz. Según este estudio, el impacto positivo de las acciones tomadas sería apenas del 17% para los sectores populares, cifra que proviene de un cálculo que asigna porcentajes a diez medidas y promedia los resultados, aunque no se trata de un análisis oficial ni de un estándar económico reconocido.

Las medidas evaluadas incluyen el Bono Pepe 2, el aumento del Juancito Pinto a 300 bolivianos, la Renta Dignidad incrementada a 500 bolivianos, bonos para familias sin ingresos, un salario mínimo de 3.300 bolivianos, créditos productivos, un perdonazo tributario, un plan de enlosetado, la posibilidad de importación privada de diésel y la devolución de depósitos en dólares. Muchas de estas políticas son parte de los anuncios realizados por el Gobierno.

• Bono Pepe 2: 20%
• Juancito Pinto: 5%
• Renta Dignidad: 30%
• Bonos para familias sin ingresos: 15%
• Salario mínimo: 10%
• Créditos productivos: 25%
• Perdonazo tributario: 5%
• Plan de enlosetado: 45%
• Desregulación de importación de diésel: 10%
• Devolución de depósitos en dólares: 5%

El Gobierno ha presentado estas medidas como una estrategia para redistribuir recursos que se liberarían con la eliminación de la subvención al diésel. Se estima que el Bono Pepe 2 destinará 874 millones de bolivianos a alrededor de 2,9 millones de ciudadanos. Además, se anunciaron créditos que varían entre 50.000 y 400.000 bolivianos, un plan de enlosetado que podría generar hasta 18.000 empleos directos y una extensión del alivio tributario hasta diciembre.

El análisis crítico indica que estas iniciativas no serían suficientes para mitigar el efecto del aumento del costo del combustible sobre el transporte, la alimentación y los ingresos de los hogares más vulnerables. También se cuestiona el carácter temporal de algunas medidas y su enfoque en sectores específicos. Por ejemplo, organizaciones de adultos mayores ya han manifestado que los 500 bolivianos de Renta Dignidad son insuficientes frente a la creciente inflación, aunque esta opinión proviene de sus representantes y no de un análisis generalizado.

Este debate surge a raíz del anuncio de Paz sobre la comercialización del diésel a precio internacional, eliminando el esquema de subvenciones. El Gobierno argumenta que esta medida permitirá liberar recursos para inversiones, protección social y producción, mientras que críticos advierten sobre el impacto negativo que tendrá sobre el poder adquisitivo de la población.