Demandan indemnización tras retención de anciano en caso Beller

El abogado Fabricio Ortiz ha denunciado que su cliente, un adulto mayor con afecciones de salud como hipertensión y diabetes, fue retenido por agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) durante más de 12 horas. Esta detención ocurrió el 26 de agosto, cuando los agentes se presentaron en su hogar alegando que necesitaban hacerle algunas preguntas.

Según Ortiz, los funcionarios utilizaron tácticas engañosas, diciéndole que estaba involucrado en un tiroteo, lo que provocó que el anciano se asustara y saliera de su domicilio, momento en el que fue conducido a un vehículo por la fuerza. La retención se extendió hasta aproximadamente las 2 de la mañana del 27 de agosto, sin que el afectado supiera si estaba arrestado o aprehendido.

El abogado resaltó que durante este tiempo, su cliente, que requiere medicamentos diariamente, no recibió alimentos ni atención adecuada. "Es un anciano con estrés crónico y sus condiciones de salud requieren cuidados constantes", enfatizó Ortiz, quien ahora busca una indemnización por los daños ocasionados.

Pese a que su cliente fue liberado, Ortiz manifestó que procederá con la demanda de resarcimiento civil. "Haremos valer sus derechos y buscaremos una compensación por los perjuicios sufridos", declaró.

El abogado también explicó que su cliente ha estado trabajando en el alquiler de tres camionetas Hilux desde hace alrededor de dos años, actividad que realiza para complementar sus ingresos tras su jubilación. Actualmente, una de las camionetas secuestrada es de color blanco, mientras que otra de color plateado está desaparecida después de ser alquilada por la misma persona.

Aunque no hay un contrato formal para el alquiler de los vehículos, Ortiz asegura que se pueden presentar pruebas que demuestran la relación comercial, como los vouchers y los depósitos realizados a través de QR.

Finalmente, el abogado expresó su desacuerdo con el procedimiento llevado a cabo por los agentes y destacó la importancia de establecer un precedente que proteja los derechos de los ciudadanos en situaciones similares.