Congreso en Warnes exige la derogación del Decreto sobre el diésel

El 27 de agosto, la CAO llevará a cabo un congreso extraordinario en Warnes, Santa Cruz, donde se planteará la necesidad de derogar el Decreto Supremo 5676. Este decreto, que elimina la subvención del diésel para ciertos grupos, ha sido calificado como una medida que discrimina al sector productivo nacional, según el presidente de la CAO, Klauss Frerking.

Frerking destacó que esta normativa representa un peligro para la seguridad alimentaria del país y advirtió que si no se encuentran soluciones, el congreso podría decidir acciones para proteger la producción agropecuaria. "Liberemos las importaciones y hagamos accesibles los costos para que no afecten a las familias en los mercados", recalcó el presidente.

Por su parte, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) también ha expresado su rechazo a la normativa, argumentando que penaliza a los pequeños y medianos productores que dependen del diésel. La asociación sostiene que la medida se presenta como un beneficio para grandes consumidores, pero en la práctica afecta a miles que producen alimentos para el país.

La norma se comunicó como una medida para grandes consumidores y en los hechos golpea a miles de pequeños y medianos productores

Anapo también ha señalado que sus afiliados enfrentan la necesidad de comprar combustible a precios elevados de operadores informales, lo que agrava su situación económica. La asociación solicitó investigaciones al respecto, advirtiendo que la normativa no combate el contrabando, sino que lo fomenta.

El nuevo decreto establece un sistema de precios diferenciados para el diésel. Aquellos que consuman menos de 120 litros mensuales continuarán pagando el precio subsidiado de Bs 9,80 por litro, mientras que los que superen esta cantidad deberán adquirirlo a un valor referencial de Bs 18 por litro, lo que representa un aumento significativo en sus costos operativos.

De acuerdo a la normativa, hay tres categorías de consumidores: el usuario directo (120 a 5.000 litros mensuales), el cliente directo (5.000 a 19.999 litros) y el gran consumidor (20.000 litros o más). Esta estructura ha generado preocupación entre los productores, quienes advierten que un aumento de precios de esta magnitud podría resultar en el cierre de muchas unidades productivas.