Conflictos por el aumento del diésel en Bolivia

El descontento en Bolivia crece ante el reciente incremento del precio del diésel, con al menos nueve sectores presionando al Gobierno para que se anule el decreto supremo que establece el aumento. Esta situación ha llevado a múltiples organizaciones a advertir sobre la posibilidad de movilizaciones si sus pedidos no son atendidos.

Demandas de los sectores productivos

Campesinos de las provincias Warnes, Santistevan, Sara e Ichilo se reunieron el domingo y exigieron al Gobierno la eliminación del Decreto Supremo 5676, que comenzó a regir el 16 de agosto. Los representantes de estas provincias dieron un plazo de 48 horas para que se revoque la norma, argumentando que afecta gravemente al sector agroproductivo y a la economía nacional.

En San Juan, los productores organizaron una marcha hacia Santa Fe, donde también se otorgó un plazo de 24 horas al Gobierno para que elimine el decreto. Las organizaciones de Yapacaní se sumaron a estas exigencias, advirtiendo que adoptarán nuevas formas de protesta si no se abroga la norma junto con las provincias del norte cruceño.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) criticó el decreto por considerarlo discriminatorio y poco socializado. Su presidente, Klaus Frerking, manifestó que la medida incrementará los costos de producción y afectará la canasta familiar. Convocaron a un congreso para discutir la situación y reafirmaron su demanda de abrogación del decreto.

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), que agrupa a productores de todo el país, también expresó su rechazo al decreto, señalando que este incremento perjudica al sector sin ofrecer medidas para mitigar sus efectos, lo que podría resultar en una disminución de la producción.

El sector del transporte, liderado por la Confederación de Choferes de Bolivia, se declaró en estado de emergencia, preparando un ampliado nacional para definir acciones. Argumentan que el diésel es esencial para su operación y que la falta del combustible está afectando su capacidad de trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras.

Productores de arroz y caña de azúcar también se unieron al rechazo del decreto. Un productor arrocero de Beni expresó que no es justo que algunos se beneficien de subsidios y otros no, mientras que el sector cañero enfrenta una crisis de liquidez y altos costos de producción debido al decreto.

Además, campesinos de Cochabamba, alineados con Evo Morales, manifestaron su oposición a la eliminación de subsidios para grandes consumidores, así como a otro decreto que congela los precios del combustible hasta 2027. La tensión entre el Gobierno y estos sectores productivos podría escalar si no se encuentran soluciones inmediatas.