Cívicos de Santa Cruz destacan aprehensiones como un avance contra el crimen organizado

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, afirmó que las recientes aprehensiones de al menos 14 individuos, entre los que se encuentra el fiscal general Róger Mariaca, representan un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. A su juicio, estas detenciones eran necesarias dada la situación actual.

Cochamanidis enfatizó que las indagaciones deben extenderse más allá de los aprehendidos y sugirió la necesidad de evaluar el desempeño de otros funcionarios que aún ocupan cargos dentro del Estado. Aseguró que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a un grupo específico de personas.

El líder cívico relacionó las detenciones recientes con la captura del narcotraficante Sebastián Marset y destacó que en los últimos meses se han registrado actos de violencia, como sicariatos, sin que se tomaran medidas adecuadas por parte de las instituciones de justicia.

Cochamanidis también opinó que las pesquisas sobre la influencia del crimen organizado deben abarcar más que solo el Ministerio Público y la justicia, incluyendo a la Policía. Mencionó que las declaraciones de un excomandante de la Policía reflejan una posible infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

El presidente del Comité pro Santa Cruz pidió cambios profundos en el sistema judicial, sugiriendo que la selección de magistrados no debería hacerse mediante votación popular, sino basándose en criterios de mérito. "Elegir magistrados por votos no es la solución. Tiene que ser por meritocracia", afirmó.

En relación al caso Cerimedo, Cochamanidis exigió una investigación exhaustiva para determinar si los fiscales involucrados tienen conexiones con los hechos que están bajo investigación.

Finalmente, al ser consultado sobre las amenazas de movilización de sectores cercanos a Evo Morales, el cívico cruceño indicó que corresponde a la Justicia actuar de acuerdo con la ley. Sin embargo, insistió en que deben cumplirse las órdenes de aprehensión que, según él, aún están vigentes contra Morales y su entorno.