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Política

Carlos Spencer inicia investigación sobre jueces con faltas disciplinarias

Por Liseth Cortez · 26 de October de 2026

Carlos Spencer, al frente del Consejo de la Magistratura, anticipó que se cerrarán los informes sobre las faltas disciplinarias de los jueces en un corto plazo, con el objetivo de recuperar la fe de la ciudadanía en el sistema judicial boliviano.

Durante su participación en el programa "ON – Otra Noche con Sissi" de EL DEBER, Spencer destacó que el trabajo del Consejo incluye determinar el nivel de responsabilidad de los jueces implicados en conductas inapropiadas, mencionando una lista proveniente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Investigación y Transparencia

El presidente del Consejo explicó que mediante levantamientos técnicos se clasificarán las faltas en leves, graves y gravísimas, incluyendo aspectos como prevaricato y corrupción, tanto activa como pasiva. Sin embargo, resaltó que no se pueden emitir juicios anticipados hasta que las investigaciones de la Unidad de Transparencia estén completas.

En este momento, las indagaciones se centran en los juzgados de 'primera línea', aquellos identificados por el informe estadounidense por su supuesta complicidad con el narcotráfico. Spencer señaló que solo un juzgado, el de la doctora Livia Alarcón, ha mostrado resistencia a colaborar con el proceso de Transparencia al negarse a entregar los expedientes requeridos.

Para facilitar los procesos, Spencer propuso una modificación a la Ley 025, que permitiría acelerar los procedimientos disciplinarios contra jueces por faltas gravísimas, así como los trámites para su destitución. Esta medida se busca como parte de un esfuerzo más amplio para reformar el sistema judicial.

"Nosotros determinamos…si hay cohecho activo, si hay cohecho pasivo. Nosotros como Consejo de la Magistratura…podemos determinar estas responsabilidades con relación a delitos penales".

El desafío del Consejo de la Magistratura se presenta no solo como una cuestión de justicia, sino también como un imperativo social para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales.

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