Bolivia en riesgo: Incendios arrasan tierras y leyes ambientales siguen sin cambios

Bolivia se enfrenta a una nueva y preocupante temporada de incendios, con más de 7.500 hectáreas ya afectadas en regiones como Tarija y el parque Otuquis. A pesar de las advertencias de diversas organizaciones ambientales sobre las denominadas "leyes incendiarias", los esfuerzos para abrogar estas normativas continúan estancados en la Asamblea Legislativa.

En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) reportó que alrededor de 5.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en diferentes comunidades. Ante esta alarmante situación, la Gobernación ha declarado emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado. Además, la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades sobre los incendios.

Por otro lado, en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, se ha registrado el incendio más significativo, afectando aproximadamente 2.538 hectáreas. También se han detectado focos de fuego en Pailón, Porongo y San Matías, complicados por las condiciones de sequía y la falta de recursos para las brigadas de combate al fuego.

El período crítico de incendios, que se extiende generalmente entre julio y octubre, apenas comienza y ya se reportan situaciones preocupantes en áreas como Liriuni, cercana al Parque Nacional Tunari, y en la ciudad de La Paz, donde la calidad del aire se ha visto comprometida por la humareda.

La diputada Cecilia Requena, del partido Unidad, ha señalado que hasta ahora no se ha conseguido derogar ninguna de las normas criticadas por facilitar quemas y desmonte. A pesar de que algunas propuestas fueron aprobadas en el Senado en legislaturas anteriores, han quedado atrapadas en la Cámara Baja sin avanzar hacia su implementación.

Una de las normativas en cuestión es la Ley 1171, que regula las quemas planificadas y establece sanciones para aquellas no autorizadas. Aunque su abrogación recibió un dictamen favorable, el avance se ha visto bloqueado por legisladores con vínculos a sectores productivos.

Requena ha cuestionado la efectividad de las multas actuales, que considera insuficientes. Según su análisis, muchas veces los infractores optan por pagar las sanciones como parte del costo de habilitar terrenos, y en muchos casos, estas multas ni siquiera se cobran.

Además, se encuentra pendiente la discusión sobre la Ley 741, que permite el desmonte de tierras sin la necesidad de planes de gestión elaborados. Aunque el Senado aprobó su abrogación en septiembre de 2024, la ley sigue vigente, dejando un vacío legal que perjudica la gestión ambiental.

Para abordar estos problemas, la diputada Requena propone la creación de una nueva Ley de Bosques que contemple incentivos para la producción sostenible y la agroforestería, junto con sanciones más estrictas. La situación se agrava por el cambio climático, donde la combinación de sequías y vientos fuertes aumenta el riesgo de incendios, por lo que es crucial actuar antes de que se conviertan en desastres incontrolables.