Asambleístas critican la eficacia del plan Fronteras Seguras ante creciente violencia en San Ignacio

San Ignacio de Velasco enfrenta una alarmante situación de inseguridad tras el asesinato de dos hombres el pasado domingo, lo que ha llevado a las autoridades locales a exigir un refuerzo en las medidas de seguridad. La comunidad está cada vez más inquieta por la falta de acciones efectivas para combatir la violencia en este punto crítico del país.

La asambleísta de San Ignacio, Natasha Castedo Mello, ha cuestionado la efectividad del plan Fronteras Seguras implementado por el Gobierno, señalando que la realidad del municipio no ha mejorado desde su lanzamiento. Castedo expresó que para la población local, este plan se ha convertido en un mito, ya que la violencia persiste sin cambios significativos en la seguridad.

Castedo destacó que los habitantes de San Ignacio se encuentran en un estado de zozobra y mencionó la aparición de marcas en casas y escuelas, las cuales se sospecha están vinculadas a grupos criminales brasileños. Esta situación ha incrementado el temor entre los padres de familia, quienes dudan de enviar a sus hijos a la escuela.

La asambleísta también subrayó la insuficiencia de efectivos policiales en la zona y exigió una mayor atención del Gobierno, indicando que la cantidad de policías destinados a San Ignacio no es suficiente para afrontar la creciente inseguridad en el área.

María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, también se pronunció sobre la situación, criticando la falta de presencia del Gobierno y de la Policía en las regiones fronterizas. Álvarez afirmó que la violencia ha dejado de ser un fenómeno limitado a las fronteras y ahora afecta la vida cotidiana de los ciudadanos.

La autoridad departamental destacó que el plan Fronteras Seguras resulta insuficiente y propuso medidas más estrictas para enfrentar a las organizaciones criminales. Álvarez sugirió la necesidad de militarizar las áreas más afectadas por el sicariato, asegurando que es crucial garantizar la seguridad de todos los bolivianos.

Además, Castedo informó sobre su iniciativa de solicitar una declaratoria de emergencia para los municipios fronterizos, ya que considera que la falta de competencias sobre la policía limita la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Esta propuesta aún no ha sido discutida en la Asamblea Legislativa Departamental, pero se espera que se trate en la próxima sesión ordinaria.

Mientras tanto, la comunidad de San Ignacio continúa en alerta, demandando acciones rápidas y efectivas que puedan frenar la ola de violencia y proteger a sus ciudadanos del crimen organizado.