Analista Identifica Seis Inconsistencias en la Nueva Ley de Inversiones
Por Percy Mercado · 13 de August de 2026

El analista Omar Rilver Velasco Portillo ha expresado su preocupación respecto al reciente proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno, señalando seis inconsistencias que, en su opinión, podrían generar confusión sobre la efectividad de esta normativa.
Entre los puntos criticados, Velasco cuestiona la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), enfatizando la necesidad de aclarar cuáles serán sus funciones durante el plazo de 120 días asignado para la elaboración del Plan de Inversiones.
Otro aspecto observado son los incentivos ofrecidos a las empresas transnacionales. El analista sostiene que el proyecto no contempla obligaciones mínimas que garanticen la inversión local, la generación de empleo, la transferencia de tecnología o el retorno de divisas al país, lo cual podría debilitar el desarrollo económico nacional.
Además, Velasco ha manifestado su preocupación acerca de las exenciones fiscales que incluye el proyecto, como los beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como los créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Según su análisis, estas medidas podrían llevar a una disminución de los ingresos fiscales sin un claro mecanismo de compensación.
El analista también advierte que el proyecto permitiría a las empresas extranjeras transferir utilidades y dividendos al extranjero, sin que existan regulaciones que exijan un mínimo de reinversión en Bolivia o que aseguren el retorno de divisas obtenidas por exportaciones.
Por último, Velasco cuestiona la participación de la Asamblea Legislativa en la ratificación de contratos de inversión, argumentando que la normativa parece contradecir las atribuciones establecidas en la Constitución, al permitir que el Ejecutivo negocie contratos sin la debida supervisión legislativa.
En su conclusión, el analista considera preocupante que el Gobierno tenga la facultad de financiar programas de crédito y garantías con recursos públicos en el sector privado, especialmente en un contexto de déficit fiscal que enfrenta el país.
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