Marset desafía la validez de un celular incautado en Bolivia y cuestiona las pruebas de la DEA

La defensa de Sebastián Marset ha presentado una impugnación en un tribunal federal de Estados Unidos respecto al registro de un celular que fue incautado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Han solicitado al juez que detenga el análisis del dispositivo hasta que el Gobierno brinde explicaciones sobre cómo se obtuvo y bajo qué procedimientos se extrajo la información del mismo.

El recurso fue presentado el 23 de octubre ante el juez Rossie Alston Jr. en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. Los abogados de Marset cuestionan las condiciones del hallazgo del teléfono, la falta de documentación sobre su custodia y la legalidad del registro realizado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Según los alegatos de la defensa, el aparato fue enviado a la DEA por las autoridades bolivianas a mediados de abril, pero solo fue documentado en los archivos judiciales compartidos con la defensa hasta finales de julio. Además, afirman que no recibieron información oportuna sobre la existencia del celular, que podría contener datos significativos para el caso.

"Al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia"

Los abogados sostienen que la DEA admitió que los datos fueron extraídos del teléfono sin una orden judicial. Según el agente de la DEA involucrado, no se requería una autorización específica ya que Marset habría consentido el registro de otros dispositivos. Sin embargo, la defensa argumenta que este consentimiento no justifica el procedimiento para el cuarto teléfono.

Las acusaciones contra Marset, quien fue arrestado el 13 de marzo de 2026, incluyen narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. La Fiscalía estadounidense afirma que el uruguayo utilizaba cuatro celulares para gestionar cuentas de criptomonedas que suman aproximadamente 4 millones de dólares. Por su parte, la defensa busca que el juez revise la obtención de la información antes de permitir su uso como prueba en el juicio.

Mientras se desarrolla el proceso en Estados Unidos, en Bolivia se llevan a cabo investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre exfiscales y policías con Marset. Al menos cuatro personas, incluidos exfiscales y un oficial de policía, han sido enviadas a prisión por su supuesta relación con el narcotraficante, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de estas investigaciones en ambos países.

Las decisiones del juez Alston sobre las impugnaciones de la defensa se espera que se anuncien antes del 6 de noviembre, lo que podría influir en los cargos y pruebas que se presentarán en el juicio, programado para iniciar a comienzos de 2027.

Por el momento, la impugnación del celular no elimina la prueba ni anula los cargos contra Marset, ya que corresponde al juez federal evaluar los argumentos presentados y la respuesta del Gobierno de Estados Unidos.