Vicegobernadora de Santa Cruz propone renuncia de dos diputados tras restricciones de visado

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, ha planteado la renuncia de los diputados Rolando Pacheco, de Alianza Popular, y Rafael López, de Alianza Libre, luego de que ambos fueran nombrados en una lista del gobierno de Estados Unidos, que impone restricciones de visa a ciertas autoridades bolivianas.

Aguirre destacó que Pacheco ha estado vinculado al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que durante su gestión como concejal en Santa Cruz de la Sierra se registraron altos índices de corrupción y mala administración. Por su parte, mencionó que López ha mostrado signos de distanciamiento de su bancada recientemente.

Debido a estas circunstancias, Aguirre considera que es fundamental iniciar investigaciones y exigió que ambos diputados renuncien para garantizar la transparencia y la independencia en las indagaciones, en un acto de ética pública.

El Departamento de Estado de EE.UU. identificó a 15 ciudadanos bolivianos, entre ellos los mencionados diputados, así como a un exfiscal general, jueces y exautoridades policiales, a quienes se les ha restringido la visa por posibles vínculos con corrupción y narcotráfico.

• Rafael Darío López Mercado (diputado)
• Rolando Santos Pacheco Chávez (diputado)
• Juan Lanchipa Ponce (exfiscal general)
• Félix Gerardo Balderas Arteaga (exfiscal departamental de Beni)
• Julio César Porras Velarde (fiscal de Sustancias Controladas, Santa Cruz)
• Diego Alejandro Barboza Zeballos (exdirector de la UIF)
• Aldo Ismael Quezada Cerruti (presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz)
• Fernando Ronald Velasco Soliz (exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN)
• Freddy Bismarck Pereira Molina (comandante de la Policía de Tarija)
• Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar (exdirector del Segip de Santa Cruz)
• Katherine Calderón Valle (exdirectora de Migración)
• José Ayaviri Siles (exjuez)
• Armando Rojas Toledo (exfiscal)
• Rony Suárez Milliet (ciudadano)
• Julio Nelson Alba Flores (vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz)

Washington ha afirmado que estas restricciones buscan prevenir que individuos asociados con actividades delictivas afecten la integridad de gobiernos democráticos, sin importar su afiliación política.

La situación ha generado un debate en la región sobre la ética en el ejercicio de la política y la necesidad de abordar la corrupción en las instituciones bolivianas.