Destituyen a dos fiscales tras sanciones de Estados Unidos

En una rueda de prensa realizada en Santa Cruz, el Fiscal General interino, José Armando Urioste, comunicó la destitución de los fiscales Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde. Esta medida se produce tras la inclusión de ambos en una lista de 40 ciudadanos bolivianos a quienes se les han restringido las visas por parte de Estados Unidos, relacionada con actos de corrupción y narcotráfico.

Urioste explicó que la decisión de apartar a los fiscales fue fundamentada en antecedentes que ya estaban siendo investigados internamente. A pesar de que aún no se les ha notificado oficialmente, ambos quedan fuera de la institución judicial.

El fiscal Balderas, por su parte, se mostró sorprendido por la restricción de su visa, la cual fue otorgada en 2016 y renovada en junio de 2023, con una validez que se extiende hasta 2026. Dijo que ha viajado solo una vez a Estados Unidos y se declaró dispuesto a colaborar con cualquier investigación que surja al respecto.

Urioste también comentó que, aunque los fiscales serán sometidos a investigación, esta se llevará a cabo únicamente si aparecen pruebas que justifiquen una acción penal. Llamó a no estigmatizar a las personas incluidas en la lista emitida por Estados Unidos, ya que esta situación no implica automáticamente un juicio o condena.

Impacto en la imagen de Bolivia

El Fiscal General también se refirió al impacto negativo que esta situación tiene en la imagen internacional de Bolivia, afirmando que la corrupción está siendo expuesta, lo cual, aunque es preocupante, podría ser un paso hacia la transparencia: "Si existía corrupción, este es el momento de cambio".

La desvinculación de estos fiscales surge en el contexto de las sanciones impuestas por el Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, que afectarían a 40 ciudadanos bolivianos, incluidos 15 autoridades, como el exfiscal general Juan Lanchipa y el exjefe de lucha contra el narcotráfico Freddy Bismarck, además de sus familiares directos.

El Departamento de Estado de EE.UU. fundamentó estas restricciones en su compromiso con el Escudo de las Américas, con la finalidad de sancionar a quienes afectan la democracia a través de la corrupción y actividades ilícitas.