Joadel Bravo exige cambios urgentes en el Código Penal para combatir el crimen organizado

Joadel Bravo, exfiscal departamental de Santa Cruz, ha hecho un llamado urgente para reformar el Código de Procedimiento Penal en Bolivia, argumentando que este no está preparado para afrontar el creciente problema de las organizaciones criminales en el país. En una entrevista en el programa "Qué semana" de EL DEBER RADIO, destacó que la legislación actual es inadecuada para manejar casos de esta magnitud.

La reciente suspensión del exfiscal Roger Mariaca y la nombramiento de José Armando Urioste Viera como nuevo fiscal interino, han marcado un cambio significativo en el Ministerio Público. Bravo subrayó que estos acontecimientos evidencian la existencia de una red de corrupción en la que, supuestamente, se vinculaba a Mariaca con actividades del narcotráfico.

Según Bravo, la corrupción ha permeado las instituciones. Reveló que Mariaca exigía a los fiscales pagos de sus sueldos. "Un fiscal me confesó que Roger Mariaca se llevaba su sueldo mensual. Eso es alarmante," afirmó Bravo, enfatizando que tales situaciones son conocidas por muchos funcionarios del Ministerio Público.

El exfiscal también planteó que el deterioro institucional del Ministerio Público no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es resultado de una manipulación política que ha afectado también al Poder Judicial y a la Policía. Este proceso ha llevado a un aumento notable de la criminalidad, evidenciado por el alarmante fenómeno del sicariato en el país.

Las autoridades del Gobierno han sostenido que los cambios en la Ley del Ministerio Público y la detención de Mariaca son el inicio de un proceso que busca transformar el sistema judicial en Bolivia, con la esperanza de que estas reformas ayuden a erradicar la corrupción y mejorar la seguridad pública.

Bravo concluyó enfatizando que es un momento crucial para implementar reformas que permitan a la justicia actuar de manera efectiva frente a las amenazas del crimen organizado, abogando por que se utilice esta crisis como una oportunidad para realizar cambios significativos en el sistema judicial boliviano.