El FMI aprueba financiamiento de $us 1.900 millones para Bolivia

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a un acuerdo de financiamiento para Bolivia por un total aproximado de $us 1.900 millones, que permitirá un desembolso inmediato de $us 214 millones. Este acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y tiene una vigencia de 36 meses.

Este financiamiento tiene como objetivo respaldar el programa económico del Gobierno, así como contribuir a la mejora de las reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica del país. Se estima que esta medida facilitará la movilización de alrededor de $us 4.000 millones adicionales provenientes de otras instituciones financieras internacionales.

El FMI ha elogiado las acciones implementadas por las autoridades bolivianas en el último año, las cuales buscan corregir los desequilibrios macroeconómicos acumulados y fortalecer la sostenibilidad fiscal. El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, destacó que este acuerdo es un avance significativo en la implementación de reformas económicas necesarias para el país.

El programa en cuestión incluye medidas que buscan optimizar el gasto público, ampliar la protección social, y modernizar tanto el marco monetario como cambiario. Asimismo, se prevé fomentar la transparencia y mejorar el clima de negocios con el propósito de incentivar la inversión privada y generar nuevos empleos.

La aprobación de este acuerdo por parte del FMI se dio tras la autorización del mismo por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se llevó a cabo el 18 de septiembre con el apoyo de más de dos tercios de los legisladores. Los desembolsos posteriores al monto inicial de $us 214 millones se realizarán de manera gradual, conforme se avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será el encargado de llevar a cabo la implementación del programa económico, trabajando de manera coordinada con las instituciones correspondientes y asegurando la estabilidad macroeconómica y el ordenamiento de las finanzas públicas, así como la promoción de la actividad productiva.