Investigación sobre el Fiscal General genera controversia en Bolivia

La situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha tomado un rumbo crítico luego de que Estados Unidos decidiera revocar su visa y lo acusara de aceptar sobornos relacionados con el narcotráfico. En este contexto, el senador Abdón Porcel ha sugerido que se contemple el distanciamiento de fiscales mientras se investigan estas denuncias y se recaba la información requerida desde Washington.

Esta propuesta surge tras la solicitud de los presidentes de las cámaras del Senado y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, quienes han instado a Mariaca a apartarse temporalmente de su cargo mientras se lleva a cabo la indagación de las acusaciones. Ambos legisladores también han manifestado su intención de gestionar la remisión de datos oficiales que sustenten las imputaciones desde Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno de Rodrigo Paz ha expresado su intención de solicitar a Estados Unidos las pruebas que respalden las acusaciones, lo que permitiría que las instancias correspondientes procedan con las investigaciones pertinentes. Mariaca ha rechazado los cargos en su contra y se ha comprometido a continuar con las investigaciones del Ministerio Público, incluyendo la que involucra al argentino Fernando Cerimedo.

La Asamblea Legislativa ha convocado a una sesión plenaria para el próximo 5 de octubre, en la cual se discutirá la imposición de restricciones por parte de Estados Unidos a un grupo de 13 ciudadanos bolivianos y se evaluará la posibilidad de crear una comisión para investigar estas denuncias. La agenda de la sesión incluye la revisión de documentos e informes que las instituciones pertinentes envíen.

Mientras la situación se desarrolla, han surgido diversas posturas dentro del Legislativo. El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, ha señalado que una lista de acusaciones desde el extranjero no constituye una sentencia, y ha hecho un llamado a que cualquier investigación se realice basándose en pruebas concretas y en conformidad con las leyes del país.