Controversia en torno al Fiscal General Roger Mariaca tras veto de Estados Unidos

Roger Mariaca asumió el cargo de Fiscal General en octubre de 2024, tras ser elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional con un respaldo significativo de varias fuerzas políticas, incluyendo el MAS y Creemos. Su trayectoria como fiscal departamental en Santa Cruz le otorgó un amplio apoyo, aunque también ha generado una serie de conflictos a lo largo de su gestión.

Recientemente, en el marco de la efeméride de Santa Cruz, Mariaca fue homenajeado por diversas instituciones locales, lo que contrasta con la decisión del gobierno estadounidense de vetarlo por presuntos actos de corrupción, incluyendo sobornos relacionados con el narcotráfico. Este veto afecta la posibilidad de que ciudadanos extranjeros obtengan visados para ingresar a Estados Unidos y revela un serio cuestionamiento sobre su integridad en el ejercicio de su función.

Denuncias y reacciones en el ámbito judicial

La embajada de Estados Unidos emitió un comunicado donde se afirma que Mariaca 'abusó de sus cargos públicos' y facilitó el narcotráfico, acciones que comprometen los esfuerzos estadounidenses contra el narcoterrorismo. A pesar de las acusaciones, no se ha iniciado un proceso judicial formal en su contra ni se ha solicitado su extradición hasta la fecha.

Una de las situaciones más críticas para Mariaca ocurrió durante la operación que resultó en la captura de Sebastián Marset en abril, cuando la policía actuó sin coordinación con la Fiscalía. Asimismo, se han reportado operaciones antinarcóticos en Chile que involucraron grandes cantidades de cocaína provenientes de Bolivia, lo que indica un posible desinterés o falta de información por parte del Ministerio Público sobre actividades ilegales en el país.

El contexto político se complica aún más debido a la reciente detención de Fernando Cerimedo, un asesor cercano al presidente Rodrigo Paz, acusado de enriquecimiento ilícito y posible conexión con el narcotráfico. La intervención de Estados Unidos ocurre después de cambios significativos en su representación diplomática en Bolivia y en medio de tensiones sobre la lucha territorial en el oriente del país.

Mariaca, cuya permanencia en el cargo está asegurada hasta 2030 a menos que se inicie un juicio de responsabilidades, enfrenta ahora un dilema complejo sobre la soberanía nacional en el contexto del veto estadounidense, que puede implicar un impacto significativo en sus funciones y la operación del Ministerio Público en Bolivia.