El Gobierno de Bolivia inicia reestructuración de empresas públicas desde el martes

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) ha finalizado la evaluación de las empresas estatales y comenzará a dar a conocer sus decisiones a partir del martes. Aunque el Gobierno ha afirmado que se tomará una decisión por día, los nombres de las empresas afectadas aún no se han revelado.

Pablo Camacho, director de la OFEP, indicó que el diagnóstico técnico de las empresas fue entregado al Gobierno el 28 de agosto. Este diagnóstico es la base sobre la cual se fundamentarán las decisiones que se tomen en el marco del Decreto Supremo 5727, que establece el procedimiento para la reorganización, disolución o liquidación de las entidades.

Una de las principales interrogantes es si a partir del martes se iniciarán cierres jurídicos o si solo se anunciará el comienzo del proceso. El decreto no incluye una lista de las empresas ni ordena cierres automáticos. En cambio, prioriza su reorganización o liquidación, conforme a la evaluación de la OFEP y decisiones adicionales del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep).

Camacho explicó que el procedimiento no es uniforme para todas las empresas; cada una seguirá un camino distinto según la normativa con la que fueron creadas. Por ejemplo, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) tiene mayores restricciones debido a su inclusión en la Constitución del Estado, lo que complica cualquier cambio en su estructura.

Criticas a los plazos y procedimientos del decreto 5727

Expertos como Gonzalo Chávez y Dante Pino han expresado su escepticismo respecto al decreto, argumentando que no se ordenan cierres inmediatos y que el proceso podría prolongarse considerablemente. Pino lo califica como una "anestesia jurídica" que podría extender las decisiones por años.

Samuel Doria Medina también cuestionó la tardanza del Gobierno para abordar la revisión de empresas estatales, sugiriendo que esta evaluación debería haberse realizado desde el inicio de la gestión. Propuso que no todas las empresas deben cerrarse, sino que se deben eliminar aquellas inviables y fortalecer las que gestionan recursos estratégicos para el país.

El impacto de estas decisiones se verá a partir del martes, cuando el Gobierno comience a revelar las primeras empresas afectadas y los fundamentos técnicos detrás de sus decisiones. Este será un momento clave para determinar si efectivamente se avanzará en una reestructuración significativa o si se prolongarán los trámites administrativos sin resultados inmediatos.