Transportistas exigen atención del gobierno en 48 horas ante crisis de diésel

La presión sobre el Gobierno boliviano está aumentando. La Confederación del Transporte Libre ha declarado un estado de emergencia y otorgó un plazo de 48 horas al Ejecutivo para que responda a sus necesidades, que giran principalmente en torno al desabastecimiento de diésel.

El sector transportista advierte que la escasez de combustible ha afectado su operatividad en hasta un 50%, lo que ha resultado en pérdidas significativas y dificultades para realizar sus actividades diarias. Además, exigen el mantenimiento urgente de las carreteras y un mejor acceso al seguro obligatorio contra accidentes de tránsito.

Los transportistas han manifestado su preocupación por la posible eliminación de la subvención de los carburantes, prevista dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para el año 2027. Si los precios de los combustibles se alinean con los internacionales, se verán obligados a aumentar inmediatamente las tarifas de transporte.

El magisterio urbano se unirá a las protestas el 15 de septiembre. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia ha convocado a una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías, en la que participarán sus 31 federaciones, para expresar su descontento con las políticas del Gobierno.

Entre las demandas del magisterio se encuentran el abastecimiento de carburantes, un incremento salarial, la recuperación del poder adquisitivo y la derogación de varios decretos que consideran perjudiciales.

Tanto los transportistas como los educadores están alzando la voz en un contexto de crisis por la escasez de combustibles y el deterioro de las condiciones económicas, lo que les ha llevado a salir a las calles en busca de respuestas del Gobierno.