SOBOCE ADVIERTE SOBRE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE SENTENCIA ARBITRARIA Y EXIGE DERECHOS JURISDICCIONALES

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha expresado su preocupación por las graves repercusiones que tendría la ejecución de una sentencia que la obliga a pagar alrededor de 744 millones de bolivianos a FANCESA. Esta decisión, según la empresa, es arbitraria y podría afectar significativamente la economía, el sistema financiero y generar la pérdida de miles de empleos en diversos sectores.

La sentencia está actualmente bajo revisión en la Justicia Constitucional, la cual ya la había anulado por ser irregular. SOBOCE considera que proceder con su ejecución sería un acto irresponsable, dado que la continuidad de sus operaciones depende de tener un flujo de caja adecuado y mantener sus inversiones. La empresa juega un papel fundamental en la industria nacional y es un emisor activo en el mercado de capitales en Bolivia.

De llevarse a cabo esta sentencia, Bolivia se convertiría en el primer país del mundo en establecer el “daño al proyecto de vida” como un concepto jurídico aplicable a las empresas, lo que podría abrir la puerta a futuros actos arbitrarios en contra de otras compañías. Este precedente afectaría la seguridad jurídica del país y complicaría su acceso a inversiones y financiamiento internacionales.

SOBOCE defiende su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y rechaza la campaña de presión social que, según la empresa, busca influir en las decisiones judiciales. Esta campaña, según la compañía, está diseñada para desinformar a la población boliviana y a los ciudadanos de Chuquisaca, manipulando los hechos en su contra.

Desde hace 16 años, SOBOCE lucha por justicia tras la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado, que no ha cumplido con su propio Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010, el cual estipulaba el pago del valor justo de dicha expropiación. A pesar de que se han realizado pagos por otras expropiaciones, esta situación aún permanece sin resolución.

SOBOCE hace un llamado a la comunidad jurídica de Bolivia a analizar cuidadosamente las resoluciones judiciales relacionadas con este caso, comenzando por la demanda inicial, para que puedan observar la falta de coherencia y los problemas legales en los que se basa la indemnización solicitada. La empresa destaca que su compromiso con Bolivia es firme, y su permanencia es crucial para atraer nuevas inversiones que puedan impulsar la economía del país.

Finalmente, SOBOCE convoca a ciudadanos, trabajadores, clientes, proveedores y al sector de la construcción, así como a profesionales del Derecho y agentes del sistema financiero, a estudiar el riesgo que esta sentencia representa para la economía y la sociedad boliviana en su conjunto.