Gobierno analiza la posible extensión del estado de excepción por bloqueos

El Gobierno de Bolivia, bajo la administración de Rodrigo Paz, está considerando la posibilidad de extender el estado de excepción vigente debido a la continuidad de bloqueos en diversas regiones, así como las advertencias de nuevas movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5676, que se centra en la regulación de precios y subvenciones de combustibles.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si los bloqueos persisten y afectan la circulación libre, el Gobierno podría optar por prolongar esta medida excepcional. La intención del Ejecutivo es evitar que se repitan los conflictos sociales que se vivieron en mayo y junio, cuando los bloqueos generaron desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

José Luis Gálvez, portavoz del Palacio de Gobierno, aclaró que, por el momento, no se considera como una prioridad inmediata la ampliación del estado de excepción. Gálvez recordó que la medida aún está en vigor y que es responsabilidad de las autoridades hacer cumplir las restricciones y sancionar a quienes participen en bloqueos.

El estado de excepción fue implementado el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636 y tiene una duración de 90 días, por lo que se prevé que estará en efecto hasta el 18 de septiembre de 2026. Para que se produzca una extensión, será necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa, conforme a lo estipulado por expertos en derecho constitucional.

El debate sobre la posible extensión se intensificó ante la reactivación de bloqueos en varias regiones y la convocatoria a nuevas movilizaciones. Uno de los puntos críticos se encuentra en el puente San Pablo, en la carretera que une Santa Cruz y Beni, donde los productores llevan tres días de protestas exigiendo, entre otras demandas, la liberación de detenidos.

Desde la oposición y algunos sectores legislativos han surgido críticas hacia el Gobierno, resaltando que se debería hacer cumplir primero el estado de excepción actual antes de considerar su ampliación. Al interior del oficialismo, ya se ha comenzado a discutir la posibilidad de extender la medida por seis meses, argumentando la potencial aparición de nuevos conflictos sociales.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, advirtió que el estado de excepción es una herramienta transitoria que no aborda las causas estructurales de la conflictividad. En este sentido, instó a priorizar el diálogo y a atender las demandas que podrían desencadenar nuevamente protestas.

Por ahora, el Gobierno mantiene abierta la opción de ampliar el estado de excepción, aunque no se ha tomado una decisión final. La evaluación sobre la extensión dependerá del comportamiento de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como del proceso legal necesario para prolongar esta medida.