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Sociedad

Aumentan las denuncias de violencia sexual infantil en Bolivia durante el primer semestre de 2026

Por Percy Mercado · 10 de August de 2026

La Defensoría del Pueblo, en un reciente informe, ha alertado sobre la preocupante cifra de 965 denuncias por delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes durante el primer semestre de 2026. Este informe se presenta en el contexto del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales.

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, enfatizó que la violencia sexual contra los más jóvenes es una de las violaciones más serias de los derechos humanos, ya que atenta contra su dignidad y bienestar integral.

Las estadísticas del Ministerio Público indican que el año 2025 se cerró con un total de 10.816 denuncias por delitos relacionados con la libertad sexual, de las cuales 2.313 fueron clasificadas como violaciones a menores.

En el periodo de enero a junio de 2026, las denuncias por estos delitos se han concentrado mayormente en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, lo cual sugiere que estos problemas se manifiestan, en su mayoría, en entornos familiares o cercanos.

La Defensoría del Pueblo subrayó la necesidad de una respuesta estatal contundente para abordar esta problemática estructural. Recordaron que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Nº 548 y otros tratados internacionales obligan al Estado a implementar medidas de prevención y erradicación de la violencia sexual.

Entre las iniciativas de la Defensoría se encuentran la creación de Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, así como campañas de sensibilización y un seguimiento constante a las obligaciones estatales en esta área.

Callisaya también ha instado al fortalecimiento del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, pidiendo que se garantice una respuesta especializada que evite la revictimización y que se asegure una investigación efectiva de estos delitos, priorizando siempre la protección de los derechos de la infancia.

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