Avances y retrocesos en la protección de la propiedad privada en Argentina bajo Javier Milei

El 7 de agosto de 2026, el Senado argentino aprobó un proyecto promovido por el gobierno de Javier Milei, que busca fortalecer la protección de la propiedad privada en el país. Sin embargo, la iniciativa llegó a la votación con dos de sus puntos más controversiales excluidos: la flexibilización de la adquisición de tierras por extranjeros y los cambios en la normativa sobre el manejo del fuego.

Tras un extenso debate de casi trece horas, el proyecto recibió 37 votos a favor y 33 en contra, y ahora se dirigirá a la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones aprobadas, se destacan procedimientos más ágiles para desalojos en casos de usurpación y restricciones más severas a la capacidad del Estado para expropiar propiedades.

Los defensores de este proyecto argumentan que las nuevas normas ofrecerán mayor seguridad jurídica y promoverán inversiones. Por otro lado, los críticos advierten que podrían socavar mecanismos destinados a proteger derechos sociales, ambientales y territoriales.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez enfatiza que el derecho a la propiedad privada está protegido desde 1853 en la Constitución argentina, mientras que el senador Agustín Coto, del oficialismo, sostiene que se busca evitar que los propietarios sean penalizados por su posesión.

El gobierno considera que una mayor protección de la propiedad privada es crucial para atraer inversiones, señalando que la falta de claridad sobre estos derechos ha sido un obstáculo para el desarrollo de los recursos nacionales. Sin embargo, la propuesta de permitir la compra de tierras por extranjeros generó gran resistencia, ya que podría amenazar la soberanía territorial y el manejo de recursos estratégicos.

La modificación de la Ley de Manejo del Fuego también generó un intenso debate. Desde el gobierno se argumentó que las restricciones actuales perjudican a los productores que sufrieron incendios, limitando su capacidad para reconfigurar el uso de sus tierras. En contraste, ambientalistas sostienen que estas limitaciones son necesarias para prevenir incendios especulativos, protegiendo ecosistemas valiosos.

El resultado de la votación ha sido visto por algunos como un revés político para el gobierno, que se enfrenta a una creciente movilización social en contra de los cambios propuestos. A pesar de la aprobación de ciertos aspectos, se anticipa que el debate sobre la propiedad privada y su regulación continuará, reflejando las tensiones entre derechos, inversiones y protección ambiental en Argentina.