Intervención del Gobierno en YPFB ante denuncias de corrupción

El Gobierno de Bolivia ha puesto en marcha una intervención en la empresa estatal YPFB, anunciando también un proceso de reestructuración en las compañías del sector hidrocarburos. Esta decisión fue tomada tras la recepción de denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción en la comercialización de combustibles.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, comunicó que esta medida se ejecuta por mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira. Esto surge a raíz de operativos de seguridad y una primera revisión que evidenció "graves fallas" en YPFB y en otras entidades del mismo sector.

Blanco enfatizó que la corrupción ha estado presente en el sistema durante más de dos décadas, y que su Gobierno no permitirá ninguna irregularidad. Aseguró que los funcionarios que se encuentren involucrados en estos actos enfrentarán sanciones administrativas y, en los casos apropiados, se procederá con denuncias penales ante la Fiscalía.

Según el ministro, las irregularidades internas estarían relacionadas con problemas de abastecimiento de combustibles, y hay indicios de desvíos y contrabando hacia naciones vecinas. Ya se ha iniciado un proceso de licitación para contratar empresas internacionales que colaboren en la reestructuración de YPFB y otras entidades estatales del sector.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, dio a conocer la creación de un equipo de investigación multidisciplinario que dependerá directamente de la Presidencia Ejecutiva de la empresa. Este equipo se encargará de revisar los procesos operativos, sistemas de facturación, comercialización y otros procedimientos internos para detectar irregularidades y proponer acciones correctivas o judiciales.

Entre las medidas a implementar, YPFB lanzará una plataforma digital para que la ciudadanía, así como productores y consumidores, puedan presentar denuncias de manera segura. Esta iniciativa estará coordinada con el Viceministerio de Justicia y las unidades de transparencia para asegurar el seguimiento de cada denuncia y facilitar futuros procesos legales.

Daroca mencionó que el objetivo de la investigación interna y el canal de denuncias es detener cualquier irregularidad en la comercialización de combustibles, además de fortalecer los mecanismos de control en la empresa estatal. Paralelamente, se está trabajando con sectores productivos en Santa Cruz para optimizar y hacer más transparentes las asignaciones de combustibles para la producción.

El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García Delfín, indicó que el Gobierno ha recibido denuncias sobre cobros ilegales relacionados con despachos de combustibles y licencias para estaciones de servicio. También se reportó que algunas unidades de transparencia no han registrado las denuncias recibidas.

Frente a esto, se llevarán a cabo investigaciones patrimoniales y financieras contra los denunciados; además, se establecerá que las nuevas plataformas digitales faciliten la recolección de información necesaria para respaldar las acciones legales. Sin embargo, García Delfín aclaró que no se revelarán los nombres de los presuntos responsables hasta que se formalicen las denuncias ante la Fiscalía.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía, transportistas y productores a reportar cualquier indicio de corrupción en el sector de combustibles, asegurando que se verificará la información y se aplicarán sanciones con todo el rigor de la ley.