Exdirector penitenciario denuncia que fuga en Palmasola fue un acto planificado y pide reforma en las cárceles

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, ha afirmado que la fuga de dos prisioneros de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, fue un evento deliberado y no un hecho aislado. Los reclusos que escaparon han sido identificados como Alex Eleno Da Silva, acusado de asesinato, y Junior Da Silva Fernando, investigado por tráfico de armas, con uno de ellos presuntamente vinculado al PCC.

Llanos explicó que las condiciones alrededor de la fuga, que se produjo durante un apagón, sugieren que se trató de una operación meticulosamente planeada. Según los informes, los reos habrían logrado salir de las instalaciones utilizando sábanas para escalar y cortando el alambre de seguridad del perímetro.

El exdirector subrayó que este tipo de fuga requiere recursos y tiempo, señalando que no se puede ejecutar sin una colaboración interna. "Para realizar esto, se necesitan herramientas específicas, como tijeras de cerrajero", comentó Llanos, indicando que la logística de la huida es compleja y requiere planificación.

Además, Llanos cuestionó si el corte de energía fue accidental o intencional y sugirió que se debe investigar la posible complicidad de personal dentro del penal. Hasta ahora, tres policías han sido detenidos en relación a este incidente, y se está evaluando su papel en la brecha de seguridad.

El exdirector hizo hincapié en la inadecuada gestión de la seguridad en las cárceles por parte de la Policía, afirmando que esta institución no tiene la preparación necesaria para manejar el sistema penitenciario. Propuso que se debe contar con una administración civil para gestionar las cárceles, que incluya personal especializado y protocolos claros.

Llanos también insistió en la urgencia de implementar medidas prácticas, como la instalación de cámaras de seguridad y la rotación del personal cada ocho horas, para mejorar el control dentro de los recintos carcelarios. Finalmente, instó a las autoridades a presentar un plan que permita cambiar la administración de las cárceles para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.