Gobierno y Gobernaciones Inician Agenda 50/50 para Reforzar Autonomías

Este miércoles se selló un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores de Bolivia, quienes firmaron en Sucre el Acuerdo 001/2026. Esta acción da inicio a la Agenda 50/50, un plan que aspira a fortalecer las autonomías departamentales mediante reformas en la distribución de recursos y el régimen fiscal.

Uno de los pilares del acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada que se encargará de desarrollar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. El objetivo es alcanzar consensos que permitan implementar este nuevo esquema a partir de la gestión fiscal del año 2027.

Adicionalmente, el acuerdo prevé la evaluación de mecanismos que amplíen la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto incluye la posibilidad de reclasificar bases imponibles que actualmente son gestionadas desde el nivel central, crear nuevos tributos según lo establece la Constitución, aplicar sobretasas y actualizar la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. La elaboración de este proyecto tiene un plazo máximo de 90 días.

En cuanto a la gestión presupuestaria, se acordó revisar las normativas que limitan el destino del gasto en los departamentos, buscando eliminar gradualmente disposiciones que financian obligaciones de nivel central o de instituciones que ya no existen. También se analizarán alternativas para que las gobernaciones puedan definir mejor la composición de sus presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.

Respecto a las competencias de los gobiernos departamentales, el documento firmado establece la necesidad de revisar las normativas que han restringido o modificado las atribuciones constitucionalmente reconocidas, además de evaluar posibles ajustes en las transferencias fiscales, considerando principios de sostenibilidad, equidad territorial y corresponsabilidad.

La Agenda 50/50 también contempla la creación de normativas que faciliten alianzas entre el sector público y privado a nivel departamental, así como la modificación de la Ley 699 para fortalecer las relaciones internacionales de las gobernaciones. Se analizarán fondos de compensación y se prevé la transferencia gradual de instituciones públicas que podrían ser administradas a nivel departamental, además de medidas de alivio financiero, como la reprogramación de obligaciones económicas.

Para hacer realidad estos compromisos, el Gobierno nacional se comprometió a proporcionar información técnica a las entidades territoriales. A su vez, las gobernaciones deberán aportar insumos para la construcción de propuestas consensuadas. El Ejecutivo también planea reunirse con municipios, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco para integrar estos acuerdos en un Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.